Ley de la cadena y reforma de la PAC, objetivos prioritarios en la agenda del MAPA

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, compareció el pasado 12 de junio en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado para exponer las principales líneas de trabajo de su Departamento en la XIV Legislatura y explicar las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

De cara a los próximos meses, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la cadena alimentaria, una norma pionera en la UE que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles para garantizar el futuro de un mundo rural vivo.

En la primera fase de la modificación de la norma se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. A finales de octubre, en una segunda fase, se incorporará a la legislación nacional la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

Por otra parte, el ministro destacó que seguirán trabajando en la reforma de la Política Agraria Común (PAC). El Gobierno central, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En este contexto, Planas ha señalado que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible. En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo.

En las negociaciones para su aplicación en España, el ministro ha anunciado el inicio del debate político con las comunidades autónomas, en el que se abordará, entre otros aspectos, todas las cuestiones relativas a la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser el perceptor de las ayudas. Planas ha aclarado que “no se trata de un debate territorial, sino sobre las personas, sobre lo que somos y queremos que sea la agricultura del futuro”. El ministro ha apostado por apoyar a la agricultura familiar y profesional, que sustenta gran parte del tejido socioeconómico y social de las zonas rurales.

Medidas durante la pandemia

En la misma comparecencia en el Senado, el ministro explicó las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria, asegurando que una de las prioridades del Gobierno es trabajar para que ninguna persona afectada se quede atrás.

Durante el estado de alarma, aclaró, el primer objetivo del Gobierno ha sido mantener la actividad del sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento de la población, tratando de aportar soluciones a las dificultades que se iban presentando en ámbitos como la movilidad de los trabajadores, el suministro de insumos o la aclaración de instrucciones sobre las medidas sanitarias y de seguridad.

Asimismo, el Gobierno aprobó en el mes de abril un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario, recientemente prorrogado, para ampliar su validez hasta el próximo 30 de septiembre, para que ninguna cosecha se quede sin recoger. Los subsectores agrarios más afectados por la crisis, como la flor cortada, el sector pesquero o algunas actividades ganaderas, se han podido acoger a lo dispuesto en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

En lo que se refiere al ámbito agrario y pesquero, el MAPA ha ampliado el periodo de amortización de los créditos de sequía de 2017, ha establecido una exención a la tasa de buques cuando deban permanecer amarrados en aguas portuarias, ha autorizado moratorias de cotizaciones sociales y de alquileres y, en el caso concreto del sector vitivinícola español, ha flexibilizado las medidas contenidas en el Programa de apoyo 2019-2023 (PASVE) para optimizar el empleo de los fondos destinados a este sector.

El sector vitivinícola cuenta además con un paquete de medidas, dotado con 90,5 millones de euros, destinadas a la destilación de crisis, ayudas al almacenamiento privado y cosecha en verde, que tiene como objetivo paliar la difícil situación que atraviesa el sector por la COVID-19.

Por otra parte, el ministro citó las medidas acordadas para paliar la situación creada por el cierre del canal Horeca en determinados sectores, como el ovino y caprino. Además, el Ministerio estudia la posibilidad de contar con medidas para otros sectores afectados, como la flor cortada o el ibérico. También se está implementando el paquete de medidas de mercado de la Comisión Europea, que contempla ayudas al almacenamiento de carne, leche y productos lácteos, medidas de mercado para el vino (destilación de crisis y ayudas al almacenamiento privado, entre otras). De igual forma, se han aprobado una serie de medidas de flexibilización y simplificación de los Fondos Estructurales del FEADER, para poder reasignar el dinero disponible en los Programas de Desarrollo Rural que no se hayan utilizado. 

Asimismo, el ministro apuntó que están diseñando actuaciones para desarrollar un sector agroalimentario innovador, que genere valor añadido y empleo de calidad, con el objetivo de conseguir explotaciones rentables y dignas, que faciliten la incorporación de jóvenes y mujeres.