El Gobierno aprueba el nuevo Plan de Seguros Agrarios Combinados

A propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de noviembre el 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que contempla las líneas de seguros cuyo periodo de suscripción se inicia a lo largo del año 2019, así como los porcentajes de apoyo público del ministerio.

Este nuevo plan mantiene el presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas agrarias, que asciende a 211’27 M€, y las actuaciones que prevé están dirigidas a la revisión y al perfeccionamiento de las diferentes líneas de seguros ya existentes.

En este sentido, respecto a los seguros ganaderos, se establece la revisión, entre otras, de las coberturas para ganado ovino y caprino, así como la de accidentes en ganado vacuno de aptitud láctea.

Por otra parte, el nuevo plan establece la relación de trabajos a desarrollar durante el ejercicio 2019 con vistas a la incorporación de nuevas coberturas en futuros planes de seguros. Entre ellos, destacan la posibilidad de incluir nuevas especies en las líneas de seguros de acuicultura marina y continental, el estudio de la cobertura de daños por sequía en el cultivo de la alfalfa y la viabilidad de un seguro de rendimientos para los cultivos de lúpulo y avellano.

El año 2018 se ha caracterizado por presentar una elevada siniestralidad, con más de 670 millones de euros en concepto de indemnizaciones a fecha 22 de noviembre, por lo que se prevé que las compensaciones se acerquen a los 700 millones de euros a final de año, cifra que se superó en 2017.

De este modo, el Sistema de Seguros Agrarios ha respondido con solvencia a dos años consecutivos de elevada siniestralidad, agilizando las peritaciones y abonando el pago de las indemnizaciones por siniestro en un corto espacio de tiempo tras la tasación, que de media se sitúa entre los 30 y 35 días. El sistema supone un pilar para la política agraria en España y una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puesto que se trata de una herramienta eficaz para la gestión de los riesgos no controlables por los productores, que permite garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.