Editorial Agricola
Economía

Jaulas de gallinas y Ley antitabaco

18/06/2018

Por Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo

Parecen dos temas que no tienen nada en común, pero cuando se analizan desde otro prisma, ambos se relacionan...y mucho.

Todavía está en la mente de muchos fumadores (y no fumadores) la Ley antitabaco de 2005, aquella que impedía el consumo de tabaco en lugares de ocio cerrados, pero permitía fumar en los locales que tenían zonas habilitadas para ello. Condicionados por esta circunstancia, fueron muchos los bares y restaurantes que invirtieron importantes recursos económicos en mamparas de cristal, cortinas o extractores de aire con objeto de habilitar las citadas zonas de fumadores. Y las inversiones no fueron escasas, ya que oscilaban entre 3000 y 15 000 euros por local.

En 2011, solamente seis años después, esta ley fue revocada, prohibiéndose estrictamente el consumo de tabaco en todo tipo de local cerrado, estuviera habilitado o no. Esta situación convertía las inversiones realizadas por los restaurantes en papel mojado, ya que fueron pocos los negocios que pudieron amortizar estos gastos en seis años y muchos los hosteleros que se plantearon llevar a cabo acciones legales para recuperar el dinero invertido.

El sector de las gallinas de puesta es muy distinto al de la restauración, evidentemente no es tan potente, pero genera en nuestro país una cifra de negocio anual cercana a los 1000 millones de euros, con una producción que supera en un año medio los 1100 millones de docenas de huevos.

España, como país UE, debe cumplir con el Modelo de Producción Europeo de los alimentos, en el que el bienestar animal es uno de los más exigentes del mundo. Por esta razón, en 2012 entró en vigor una directiva de la Unión Europea que tenía como objeto regular los requisitos mínimos de bienestar para los sistemas de cría de gallinas ponedoras. La implementación de esta directiva implicó importantes inversiones para las granjas que se lanzaron a acometerlas que, según Inprovo, fueron próximas a los 600 millones de euros.

A la hora de elaborar esta directiva, la UE tuvo muy en cuenta las peticiones de los diferentes colectivos animalistas, erigidos en la voz de los consumidores, y se incorporaron aseladeros y nidos que han permitido una mejora del bienestar de las gallinas, pasando, por ejemplo, de jaulas con 550 cm por ave a otras de 750 cm por animal.

Ahora, solo 6 años más tarde, estos mismos colectivos plantean un paso más: la eliminación de estas jaulas y el paso a sistemas alternativos de producción en suelo en un plazo de dos años. Se estima que estos sistemas tienen un aumento del coste de producción para el avicultor cercano al 25%, sin que haya evidencias científicas de que estos sistemas “camperos” impliquen una mejora objetiva del bienestar de la gallina.

La pregunta es clara ¿estaremos legislando en base a la opinión de colectivos sin respaldo científico que se erigen en portavoces de un ciudadano no formado?

Posiblemente sea así, y hay que tener en cuenta lo que implicaría llevar esta visión animalista hasta sus últimas consecuencias: que en un futuro próximo para abastecer la demanda interna tuviéramos que importar huevos u ovoproductos de países en los que las gallinas tienen 350 cm por ave, como en España hace décadas, lo que supondría, como mínimo, una hipocresía si no una irresponsabilidad.

Legislar sin planificar, como pudo ocurrir con la ley del tabaco, o en base a presión mediática, como es el caso de las jaulas, provoca una sensación de inseguridad en los afectados que acabará implicando incumplimientos.

Nadie quiere ser el primero en perder su dinero sin motivo...

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